El Pleno del Senado ha aprobado la reforma de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial con los votos a favor de PP y CiU, la abstención de PNV y el voto en contra de Entesa Catalana de Progrés (ECP), Grupo Mixto y PSOE, que han calificado el texto de «agridulce» y de estar hecho «a la medida del afán recaudatorio de la Dirección General de Tráfico (DGT)».
Uno de los puntos más polémicos de este nuevo texto, la liberalización del actual modelo de concesión para impartir cursos de recuperación de puntos, ha sido finalmente retirado por el Grupo Popular a pesar de que había sido aprobado en la Comisión de Interior del Senado la semana pasada.
Según ha explicado a Europa Press el senador ‘popular’, Luis Aznar, su partido ha buscado con esta decisión «lograr el mayor consenso» en esta nueva norma.
Aznar, ha señalado que el PP pensó que un cambio hacia una liberalización «sería bueno para que muchas pequeñas empresas y autoescuelas llegaran a dar cursos», cuando actualmente sólo lo hacen aquellos centros pertenecientes a la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), que ganó el concurso de gestión de estos cursos. Sin embargo, durante el debate los grupos pidieron que se mantuviera el sistema como hasta ahora, por lo que decidieron dar marcha atrás.
Para ello, han reunido todas las enmiendas de todos los grupos contrarias a la decisión del PP y, en base a ellas, se ha creado una transaccional que, firmada por todos, pide la vuelta al texto anterior. «Ahora esperamos que se mejore este punto en el futuro, mejorar cómo funcionan las concesiones o ampliarlas para que tenga entrada un mayor número de gente», ha apuntado.
Otra de las novedades que contempla esta norma es un aumento de hasta 1.000 euros para la sanción por dar positivo cuando se duplique la tasa permitida, es decir cuando se detecte 1 gramo de alcohol por litro de sangre. También será de 1.000 euros cuando el conductor se niegue a someterse a la prueba de alcoholemia o cuando sea reincidente, es decir, que haya sido multado por consumo de alcohol durante el año inmediatamente anterior a la sanción.
Al respecto, el senador del PNV, Iñaki Anasagasti, ha denunciado que en este texto se «pasa por encima» de este punto que, a su juicio, «le falta más debate», sobre todo, teniendo en cuenta la «situación económica» que vive la sociedad española actualmente. Para el senador de ECP, Rafael Bruguera, «si el problema es conducir bajo los efectos del alcohol, en vez de subir la multa habría que reducir la tasa para conductores y profesionales» y dejar «los 1.000 euros para reincidentes».
CASCO OBLIGATORIO PARA MENORES DE 16
Además, este texto conlleva el establecimiento de obligatoriedad para los menores de 16 años del uso del casco de la bicicleta en ciudad, a pesar de que la intención inicial del Gobierno era imponerlo hasta los 18 años.
Durante el debate en la Cámara Alta, EPC y PSOE, se han mostrado críticos con este punto que consideran «contradictorio» en cuanto a seguridad se refiere. «Así un hijo y un padre podrán ir junto en bicicleta, uno sin casco y el otro con él cuando el peligro es el mismo», ha indicado el portavoz socialista, Enrique Cascallana.
Del mismo modo, Anasagasti, ha criticado que esta norma parta del Estado ya que, a su juicio, deberían ser «los ayuntamientos los que regularan» esta normativa. Al respecto, el portavoz del PP, Luis Aznar, le ha planteado la situación en que una familia salga en bicicleta de Zarauz con el casco puesto, para llegar a San Sebastián y se quite el casco y pase por Fuenterrabía, donde también es necesario, porque cada Ayuntamiento ha decidido una cosa. «Si creemos que se trata de una ley buena por qué no la vamos a hacer desde aquí», ha puntualizado.
El Senado también ha aprobado una enmienda de CiU por la que los conductores contarán con 20 días naturales, en lugar de 15, para pagar multas con tarifa reducida así como para formular alegaciones. Además, a propuesta por el Grupo Mixto y ECP, no se inmovilizará a los ciclistas que vayan sin caso cuando sea obligatorio.
A juicio de los proponentes, la medida de inmovilización del vehículo está pensada para los vehículos a motor y, más concretamente, para los motoristas sin casco que, dado el peso del vehículo, no puede ser arrastrado fácilmente. La enmienda apunta que, al introducir la obligatoriedad del casco ciclista en zonas urbanas, esta medida carece de sentido, pues el ciclista sin casco sí puede continuar su camino a pie, empujando la bicicleta, y lo mismo si se le sanciona en vías interurbanas.
Fuente: Ancove desde Europa Press